El Salvador | El expresidente Elías Antonio Saca ha sido liberado de prisión tras cumplir una condena de 10 años por corrupción. La Fiscalía General de la República (FGR) informó el miércoles 28 de octubre que los bienes y propiedades vinculados a su caso permanecerán bajo custodia del Estado.
La FGR indicó que la condena contra Saca fue establecida durante la gestión del exfiscal general Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz, quien también estructuró el proceso judicial. La institución aseguró que empresas, inmuebles, vehículos y otros activos sujetos a medidas estatales no serán restituidos al expresidente tras su salida de prisión, sino que continuarán bajo control estatal conforme a las decisiones judiciales y las normas vigentes.
En marzo de 2026, un juzgado ordenó que 25 inmuebles, un vehículo y ocho productos financieros relacionados con Saca pasaran a manos del Estado. Estos activos fueron valorados en aproximadamente $9.6 millones, incluyendo $7.5 millones en propiedades y cerca de $2 millones en productos financieros.
La Fiscalía afirmó haber detectado y frustrado un supuesto plan, atribuido a la gestión de Meléndez Ruiz, que habría permitido a Saca recuperar su libertad antes de cumplir la mitad de su condena. La actual administración aseguró haber tomado medidas para impedir que dicho mecanismo avanzara.
Saca fue condenado el 13 de septiembre de 2018 por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el desvío y lavado de $301 millones de fondos públicos durante su gobierno (2004-2009). Esta sentencia lo convirtió en el primer salvadoreño condenado por delitos de corrupción relacionados con el ejercicio de la Presidencia. La pena incluyó 10 años de cárcel y una responsabilidad civil de $260.7 millones por el daño causado al Estado. La Fiscalía había solicitado cinco años por apropiación o utilización ilegal de fondos públicos y otros cinco por lavado de dinero y activos.
La investigación fiscal, parte del caso denominado “Destape a la Corrupción”, estableció que dinero de las cuentas institucionales de Casa Presidencial fue transferido a cuentas particulares mediante cheques sin respaldo legal y operaciones para ocultar el origen de los recursos. La estructura investigada habría movilizado alrededor de $301 millones del erario público.
En agosto de 2018, al inicio del juicio, Saca aceptó los hechos atribuidos por la Fiscalía y se acogió a un procedimiento abreviado, lo que redujo su pena a cambio de su confesión. Otros implicados en el caso fueron el exsecretario privado de la Presidencia Élmer Charlaix (10 años de prisión), el exsecretario de la Juventud César Funes (cinco años), el exsecretario de Comunicaciones Julio Rank (cinco años), el exgerente financiero de Casa Presidencial Francisco Rodríguez Arteaga (seis años), el extesorero institucional Jorge Herrera (tres años) y el exasistente de la Unidad Financiera Institucional Pablo Gómez (16 años). Gómez fue el único que no se acogió al procedimiento abreviado. Las responsabilidades civiles de todos ellos sumaron $300 millones.
En diciembre de 2019, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la obligación de reintegrar los fondos al Estado y corrigió el cálculo de la responsabilidad civil, añadiendo $347,117.17 al monto establecido. Saca fue detenido el 30 de octubre de 2016.
Además, en septiembre de 2019, Saca recibió una segunda condena de dos años de prisión por el caso “Transes”, al confesar haber entregado $10,000 a una empleada judicial a cambio de información sobre un proceso civil en su contra. Las autoridades judiciales revisaron el cómputo de esta pena en 2020 y consideraron cumplidos los dos años con el período que Saca había estado bajo detención provisional por ese expediente, impidiendo que se sumara a la condena principal.
En enero de 2021, la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador condenó a Saca y a su esposa, Ana Ligia Mixco de Saca, por enriquecimiento ilícito. Se determinó que no justificaron parte del aumento de su patrimonio durante el período presidencial de 2004 a 2009. El exmandatario fue obligado a devolver $3.8 millones al Estado, y su esposa $589,608.42, sumando más de $4.4 millones. La sentencia también inhabilitó a Saca para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Hasta abril de 2026, Saca había abonado $5,845.75 de los $3.89 millones que debía devolver por esa condena civil, según La Prensa Gráfica. Mixco de Saca mantenía una obligación de $589,608.42. El 14 de abril de 2026, la Cámara Primera de lo Civil instaló una audiencia de liquidación de bienes contra ambos para definir las cantidades adeudadas y si los activos bajo medidas cautelares podían cubrir las deudas pendientes. Esta obligación es distinta de la responsabilidad civil fijada por el caso “Destape a la Corrupción”.
Saca también fue condenado civilmente por el desvío de fondos provenientes de Taiwán, en un proceso que involucró a Juan Tennant Wright y Gerardo Antonio Balzaretti. En noviembre de 2021, un juzgado estableció una responsabilidad de $10 millones para los tres implicados, correspondiéndole a Saca devolver $6 millones. La sentencia civil quedó firme para Saca en agosto de 2022.
La investigación fiscal sobre los bienes transferidos al Estado concluyó que el exmandatario utilizó sociedades para desviar, ocultar y transformar recursos públicos durante su gobierno. Parte del dinero habría sido destinado a adquirir propiedades en San Salvador, La Libertad, La Paz y San Vicente. El cumplimiento de la pena de prisión no extingue automáticamente las obligaciones económicas impuestas en las distintas sentencias. Se desconoce cuánto ha devuelto Saca al Estado en total y cuál es el saldo vigente de cada una de sus deudas civiles.
Fuente: Infobae
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