Colombia | La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha impuesto sanciones a cinco exintegrantes de la fuerza pública por su implicación en asesinatos y desapariciones forzadas de civiles, presentados como bajas en combate en Dabeiba y otros municipios del noroccidente de Antioquia. Los hechos, ocurridos entre 2002 y 2006, abarcan 18 casos que resultaron en 35 víctimas directas.
Los sancionados son el comandante retirado Edie Pinzón Turcios, el capitán retirado Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, el comandante retirado Efraín Enrique Prada Correa, el sargento segundo retirado Jaime Coral Trujillo y el cabo retirado William Andrés Capera Vargas. Según Blu Radio, los comparecientes reconocieron su responsabilidad y aportaron verdad durante el proceso judicial.
La JEP determinó que estas acciones constituyen crímenes de lesa humanidad, específicamente desaparición forzada y asesinato, así como homicidio en persona protegida, calificado como crimen de guerra. Las sanciones impuestas varían entre cinco años y seis años y medio, e incluyen restricciones de derechos y libertades, además de la obligación de participar en trabajos, obras y actividades con contenido restaurador y reparador.
Como parte de estas sanciones, los cinco militares deberán participar en nueve proyectos que se desarrollarán en diversos municipios de Antioquia. Estas iniciativas fueron priorizadas en conjunto con las víctimas y buscan reparar los daños causados y contribuir a la transformación de los territorios afectados. Entre las actividades se encuentran el mejoramiento de caminos en Dabeiba, Turbo, Ituango y Apartadó, así como labores de desminado humanitario en Dabeiba, Murindó, Mutatá y Turbo. También se contempla la reconstrucción de puentes sobre el río Sucio en Dabeiba.
La sentencia también incluye intervenciones de memoria en Dabeiba, Ituango, Carepa, Turbo y Medellín, con el fin de reconocer a las víctimas, recuperar su buen nombre y promover ejercicios de memoria. Adicionalmente, se llevarán a cabo iniciativas productivas para las comunidades y proyectos de búsqueda de personas desaparecidas en las regiones de Urabá y Occidente de Antioquia, así como en el área metropolitana de Medellín.
La JEP indicó que estas medidas fueron estructuradas para abordar los daños identificados durante el proceso y vincular directamente a los responsables con actividades orientadas a la reparación, la memoria y la recuperación de zonas afectadas por el conflicto armado. La ejecución de los nueve proyectos está programada entre diciembre de 2026 y octubre de 2034, con los comparecientes obligados a cumplir sus actividades de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Además, los sancionados deberán solicitar autorización judicial para desplazarse fuera de sus lugares de residencia o de las zonas donde se desarrollen los proyectos restaurativos. Estas sanciones propias forman parte del modelo de justicia transicional de la JEP y se aplican a quienes reconocieron responsabilidad y aportaron verdad en el proceso. La decisión busca que los comparecientes respondan por los hechos reconocidos y contribuyan a reparar a las víctimas y comunidades afectadas en Antioquia.
Fuente: Infobae
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