México | La Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado por segunda vez una acción penal contra diez exfuncionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por la presunta compra ilegal de servicios de laboratorio. Los contratos, que superan los 3 mil 675 millones de pesos, fueron asignados a farmacéuticas identificadas como el “Cártel de la Sangre”.
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción ha solicitado a un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente que programe una audiencia inicial. En esta audiencia, la FGR busca imputar formalmente a los exfuncionarios y solicitar su vinculación a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
Este nuevo intento de la FGR surge después de que, en julio pasado, el juez de control Marco Antonio González Cortázar decidiera no vincular a proceso a los exservidores públicos. En aquella ocasión, el juez consideró que la imputación de la FGR presentaba omisiones y deficiencias. Sin embargo, el juzgador no sobreseyó ni canceló la indagatoria, dejando abierta la posibilidad de que la Fiscalía continuara con la investigación.
Ante el revés judicial, la FGR optó por no apelar la decisión y, en su lugar, subsanar su investigación. La Fiscalía decidió reforzar su carpeta para presentarla nuevamente ante un juez y buscar el procesamiento de los acusados.
La acusación se centra en seis contratos para la provisión de servicios de análisis clínicos en hospitales y unidades médicas del ISSSTE, con un valor que oscila entre mil 470 millones y 3 mil 675 millones de pesos, incluyendo el IVA. Estos contratos estuvieron vigentes desde julio de 2018 hasta junio de 2020.
Entre las empresas beneficiadas con estos contratos se encuentran Instrumentos y Equipos Falcón, Impromed, Dicipa, Hemoser, Centrum Promotora Internacional, Selecciones Médicas del Centro y Valtrum.
La FGR sostiene que la asignación de estos contratos se realizó de manera directa el 29 de junio de 2018, basándose en un estudio de mercado que, según la Fiscalía, solo consideró información de las propias empresas participantes, sin consultar cotizaciones de otras fuentes. Este punto es central en la acusación, ya que el estudio no habría incluido información independiente para comparar precios o condiciones.
El siguiente paso procesal es que el juez del Reclusorio Oriente fije la fecha para la audiencia inicial, donde se determinará si la Fiscalía logra imputar a los diez exfuncionarios y si el juzgador resuelve vincularlos a proceso. Es importante recordar que los señalados conservan la presunción de inocencia hasta que un juez dicte una sentencia, y las acusaciones corresponden a la versión de la FGR, mientras que la defensa de los exfuncionarios podrá presentar sus argumentos durante el proceso.
Fuente: Infobae
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